Los recursos de apelación y casación en el proceso laboral boliviano

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Del juicio ex novo a la función dikelógica: claves para recurrir con eficacia bajo el Código Procesal del Trabajo y la Ley N° 439.

Pocas etapas del proceso laboral concentran tanto riesgo como la impugnación. Una apelación mal entendida puede terminar en una nulidad que solo dilata, y un recurso de casación mal construido puede ser declarado improcedente sin que el Tribunal Supremo de Justicia llegue siquiera a examinar el fondo. Este artículo propone una lectura de ambos recursos a partir de su finalidad, para extraer de ella reglas prácticas sobre cómo plantearlos y cómo deben resolverse.

1. Punto de partida: por qué juzga el juez

Para abordar el tema desde un terreno sólido conviene recordar, antes que las reglas procesales, los fines políticos del órgano judicial. La facultad de juzgar no surge por azar; es el resultado de un largo proceso histórico de búsqueda de la paz social.

En efecto, como advierte Jürgen Habermas, en el tránsito hacia el Estado constitucional los individuos se reconocen recíprocamente como titulares de derechos y destinatarios de leyes (socialización horizontal) y ceden a una corporación el uso de la fuerza orientado a garantizar esos derechos (socialización vertical), de tal modo que ya no tiene cabida el individuo aislado que, alegando para sí determinados derechos, emplea su fuerza personal para hacerlos valer.

Es a partir de ese pacto que el Estado, a través de su Órgano Judicial, asume la potestad de juzgar y de reprimir toda arbitrariedad. Dos consecuencias se siguen de ello. La primera: la facultad del juez de decir el derecho nace de la renuncia de los particulares a la justicia por mano propia, aspecto que con frecuencia se pierde de vista en la judicatura. La segunda: el fin político del órgano es la paz social, para cuyo propósito se encomienda al juez impartir justicia diciendo el derecho en el marco de un debido proceso.

Y, siendo así, cuando las partes se someten a la autoridad jurisdiccional no puede soslayarse el motivo de esa decisión: obtener la definición del derecho subjetivo controvertido en su caso concreto. No acuden al juez para presenciar un ejercicio de perfección procesal, sino para que su conflicto sea resuelto.

2. La apelación: un nuevo examen, no una censura

2.1. El juicio ex novo y sus límites

Todo ser humano es, por esencia, falible. Puede ocurrir, y efectivamente ocurre, que la sentencia resulte injusta y, por ello, gravosa. Para esa eventualidad el constituyente consagró el principio de impugnación en los siguientes términos:

“Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.” (Constitución Política del Estado, art. 180.II).

El legislador ordinario desarrolló ese principio en el recurso de apelación, que sustituyó a mecanismos tan primitivos como el reto ordálico del Medioevo. La Ley del Órgano Judicial precisa su alcance al definir la impugnación como la garantía de la doble instancia, esto es:

“…el derecho de las partes de apelar ante el inmediato superior, de las resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les causa un agravio.” (Ley N° 025, art. 30.14).

Mirado el proceso desde esa perspectiva, la apelación no supone un juicio jerárquico ni una censura de la decisión del juez de primera instancia, sino un segundo examen de la causa; de ahí su denominación de segunda instancia. Sobre los puntos que le son sometidos, el tribunal de apelación se coloca en la misma situación que el juez a quo, con las mismas atribuciones y el mismo poder de decisión.

Si bien es cierto que, entre las formas de resolución, el tribunal puede revocar la sentencia, no es menos evidente que la revocatoria no es un fin en sí misma. La finalidad no es confirmar o revocar, sino examinar nuevamente lo apelado para emitir un nuevo juicio. Si el legislador hubiese querido como finalidad la revocatoria, el nuevo examen carecería de sentido, porque la decisión de segunda instancia quedaría limitada a dejar sin efecto la primera, sin oportunidad de decir el derecho. Por ello, la revocatoria no es otra cosa que el mecanismo formal que aclara a las partes que, existiendo un nuevo pronunciamiento sobre el derecho controvertido, la primera sentencia no puede quedar subsistente.

Esta concepción tiene respaldo doctrinal. Piero Calamandrei explica que, mientras en su concepción originaria la decisión del superior se dirigía solo a corregir directa y singularmente los errores del juez inferior, la ley moderna parte de la premisa de que una sola instancia no ofrece garantías suficientes de una sentencia justa; por eso quiere que en toda controversia la parte pueda obtener dos decisiones sobre la relación controvertida, de modo que la posterior se sobreponga a la anterior aun cuando esta fuese perfectamente justa. Según el mismo autor, la injusticia del juez inferior se toma en cuenta así de un modo indirecto y general: la ley presume que el segundo juez, al decidir la causa ex novo, no incurrirá en los errores en que pudo haber caído el primero.

Ahora bien, ese nuevo juicio no es ilimitado. El derecho positivo boliviano lo acota a lo que la parte somete a revisión, pues la Ley del Órgano Judicial dispone que “en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos” (Ley N° 025, art. 17.II), y el Código Procesal Civil prohíbe al tribunal de alzada modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la contraparte hubiera apelado en forma principal o se hubiere adherido (Ley N° 439, art. 265.II). Bajo esa línea, la tesis del juicio ex novo debe entenderse, en nuestro sistema de apelación limitada, como un nuevo examen pleno, sí, pero dentro del perímetro que trazan los agravios.

2.2. El contenido de la impugnación: los agravios

Teniendo en cuenta esa finalidad, cuando el art. 205 del Código Procesal del Trabajo exige una “apelación fundamentada”, está haciendo referencia a la exposición fundada de los agravios que el apelante sufrió con la resolución. El agravio es, en definitiva, la medida del interés para recurrir y el límite de la competencia del tribunal de alzada. Esa lectura es coherente con el Código Procesal Civil, al que el procedimiento laboral remite de dos maneras: de forma específica para el trámite de alzada, pues recibido el expediente el superior “actuará conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil” (CPT, art. 208); y de forma general para lo no previsto, pues el art. 252 del Código Procesal del Trabajo establece que “los aspectos no previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral”. Sustituido el Código de Procedimiento Civil de 1975 por el Código Procesal Civil, esas remisiones se entienden hoy —según la jurisprudencia del Tribunal de Casación— hechas a la Ley N° 439 (y la referida a la Ley de Organización Judicial, a la Ley N° 025). El art. 265.I de la Ley N° 439 dispone:

“El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.” (Ley N° 439, art. 265.I).

En tal inteligencia, el apelante debe destacar los yerros en que incurrió el juez de primera instancia, pero solo como medio para contrastarlos con la tesis que sostiene correcta respecto del derecho controvertido y demostrar así el agravio que justifica el nuevo juicio. Para ello es suficiente que exponga con claridad tres cosas:

• los agravios concretos que le causa la decisión;
• los hechos y la prueba que, a su juicio, fueron mal apreciados o no considerados; y
• la decisión que pretende del tribunal de alzada sobre cada punto.

La apelación no exige, a diferencia de la casación, la acusación de violación de normas con la técnica propia del recurso extraordinario. Exigirla es trasladar a la segunda instancia un requisito que la ley no contempla.

2.3. Prácticas que desnaturalizan la apelación

La experiencia forense da cuenta de dos prácticas que conviene desterrar. La primera: tribunales de apelación que anulan el auto de concesión, o desestiman el recurso, con el argumento de que el apelante no acusó la violación de norma alguna, y que con ello dejan firme, en los hechos, la sentencia de primer grado. La segunda: la anulación de sentencias porque el juez omitió pronunciarse sobre una pretensión o considerar determinada prueba, cuando el propio tribunal de alzada podía suplir esa omisión. Esta segunda práctica contraría un mandato expreso del Código Procesal Civil:

“Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios.” (Ley N° 439, art. 265.III).

Por consiguiente, cuando el apelante reclamó en sus agravios el pronunciamiento omitido, el tribunal de alzada no debe anular, sino resolver. Ambas prácticas, más que resolver la controversia, constituyen evasivas del propósito principal: privilegian condiciones formales que la ley no reclama para la apelación (la acusación de violación de ley) o una perfección procesal que no sirve a nadie. Como ya adelantamos, las partes se someten a la autoridad del juez renunciando a la justicia por mano propia, y lo hacen pensando en que el juez resolverá su problema jurídico, no en la prolijidad del expediente.

A ello se suma que el régimen vigente de nulidades es restrictivo. El Código Procesal Civil dispone que “ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo responsabilidad”. Admite, no obstante, que un acto procesal sea invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin, pero precisa que “el acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión” (Ley N° 439, art. 105.I y II). La Ley del Órgano Judicial añade que “la nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos” (Ley N° 025, art. 17.III). En línea de lo expuesto, fuera de los vicios que la ley permite revisar de oficio, pues la nulidad “podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso” cuando la ley la califique expresamente (Ley N° 439, art. 106.I), la nulidad de obrados en apelación solo se justifica cuando el vicio fue oportunamente reclamado, causó indefensión real y no puede ser suplido por el propio tribunal de alzada en los términos del art. 265.III.

2.4. La decisión del tribunal de alzada

Siguiendo este entendimiento, la decisión del tribunal de apelación debe consultar, antes que la perfección procesal o los ritualismos estériles, la justicia del caso concreto sometido a su consideración. Esto es, impartir justicia conforme al art. 178.I de la Constitución, que sustenta esa potestad, entre otros, en los principios de “seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad” y “respeto a los derechos”, y teniendo siempre presente el mandato interpretativo del procedimiento laboral:

“El Juez, al dictar sus resoluciones, tendrá en cuenta que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial y con este criterio se interpretará las disposiciones del presente Código.” (Código Procesal del Trabajo, art. 59).

A ese criterio se suman los principios que la Constitución impone para la interpretación de las normas laborales: protección de las trabajadoras y los trabajadores, primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, no discriminación e “inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador” (CPE, art. 48.II).

En ese marco, al tribunal de apelación le corresponde juzgar nuevamente los hechos sometidos a su conocimiento con las mismas competencias del juez de primera instancia.

La regla general es la congruencia: no debe pronunciarse sobre aspectos no reclamados, pues esa omisión puede obedecer a la conformidad del apelante con lo resuelto.

Existe, sin embargo, una excepción de orden público laboral que opera únicamente en favor del trabajador: el Código Procesal del Trabajo dispone que la parte resolutiva de la sentencia comprenderá también “aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiera evidenciado y tenga conexitud” (art. 202 inc. c). La tesis que aquí se sostiene, y que reconocemos discutible, es que el tribunal de alzada puede hacer efectiva esa previsión protectora cuando el trabajador, al apelar, reclamó en sus agravios que la sentencia omitió reconocerle derechos evidenciados en el proceso y conexos con lo demandado.

En materia laboral, el art. 202 del Código Procesal del Trabajo amplía, por mandato legal, lo que la sentencia debía resolver: el juez a quo estaba obligado a pronunciarse sobre esos derechos aunque no se hubieran reclamado en la demanda. Su omisión es, por tanto, un punto que la sentencia debió resolver y no resolvió, y el tribunal de alzada puede suplirla por la vía del art. 265.III de la Ley N° 439, interpretado en armonía con el art. 59 del Código Procesal del Trabajo y el art. 48.II de la Constitución.

Se objetará que ello contraría el art. 17.II de la Ley N° 025 y el art. 265.I de la Ley N° 439. La objeción, sin embargo, no alcanza al supuesto descrito: el tribunal no se pronuncia sobre algo ajeno al recurso, sino sobre un agravio expresamente formulado por el apelante, ni reforma la resolución en perjuicio de este.

En cambio, si el trabajador no apeló o no formuló ese agravio, el tribunal de alzada no puede conceder lo que no se le pidió, pues ahí sí regirían en plenitud el art. 17.II de la Ley N° 025 y el art. 265.I y II de la Ley N° 439. En definitiva, el tribunal de apelación debe procurar que su decisión resuelva el conflicto de las partes, no que lo prolongue.

3. La casación: instituto y recurso

Es frecuente escuchar en el foro que el recurso de casación tiene por finalidad uniformar la jurisprudencia, o que es una demanda nueva de puro derecho. Ambas definiciones deslucen ante un examen detenido. Antes de ingresar a las particularidades del recurso conviene precisar, entonces, que la casación como instituto no se reduce al recurso de casación.

El recurso es una facultad de la parte que considera lesionados sus derechos, y la ejerce para que el tribunal de casación resuelva en definitiva su derecho subjetivo controvertido; responde, por tanto, al interés del litigante (ius litigatoris). El órgano, en cambio, tiene encomendados fines políticos propios, que atienden al interés general en la recta aplicación del derecho (ius constitutionis): la nomofilaquia (la defensa de la ley), la uniformidad de la jurisprudencia y el control jerárquico; a ellos se suma la función dikelógica, esto es, hacer justicia en el caso concreto, que es la que conecta el instituto con el interés del litigante.

Es verdad que la Ley del Órgano Judicial encomienda a las salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia sentar y uniformar la jurisprudencia (Ley N° 025, art. 42.I num. 3); pero esa es una atribución del órgano, propia del ius constitutionis, que se ejerce con ocasión del recurso y no constituye la finalidad que mueve a quien recurre. La ley vigente, por tanto, no desplaza la distinción entre instituto y recurso; la confirma.

Así lo explicó con claridad la Sala Social de la entonces Corte Suprema de Justicia, en criterio que conserva vigencia conceptual, pues la distinción entre instituto y recurso no depende del código procesal aplicable:

“…el ‘recurso’ de casación entraña sustancial diferencia con el ‘instituto’ de la casación, de modo tal que nos permite concluir afirmando que ni la casación se reduce a un recurso, ni el recurso cumple la función de unificar la jurisprudencia. En efecto, desde el punto de vista doctrinal, el recurso no responde sino al interés personal de la parte recurrente, quien activa el mismo en procura de una solución jurídica a su pretensión y no precisamente buscando la uniformidad de la jurisprudencia.” (Auto Supremo N° 344, Sala Social I, de 15 de noviembre de 2005).

La misma resolución recoge, citando a Fernando de la Rúa, que el interés del particular que se hace valer con el recurso es el que tiene preeminencia en la disciplina legal del instituto, pues si la ley hubiese privilegiado la finalidad política de uniformar la jurisprudencia, habría establecido el examen obligatorio de todas las sentencias en el solo interés de la ley. De ahí que el tribunal de casación “sólo puede controlar las sentencias cuando contra ellas medie recurso”. El recurso, en suma, es la llave que abre la competencia del órgano.

Las causales que hoy habilitan esa competencia están previstas en el Código Procesal Civil, aplicable a la materia laboral en los términos del art. 252 del Código Procesal del Trabajo:

“El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.” (Ley N° 439, art. 271.I).

4. El juicio de admisibilidad: la puerta de entrada

Precisamente porque el recurso abre la competencia del órgano, la ley lo condiciona a requisitos que obligan al tribunal de casación a un primer análisis de admisibilidad. Ese examen comprende, entre otros extremos, que el recurso haya sido interpuesto en plazo, que en materia laboral es de ocho días (CPT, art. 210), que la resolución impugnada admita casación, que el recurrente haya agotado la apelación pudiendo hacerlo, salvo la excepción que la propia ley prevé, y que haya intervenido en las instancias; su incumplimiento conduce a que el recurso sea declarado improcedente (Ley N° 439, art. 220.I). Pero el requisito que con más frecuencia decide la suerte del recurso es el de su fundamentación:

“Expresará, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente.” (Ley N° 439, art. 274.I num. 3).

Conforme a ello, el tribunal verifica que el recurso identifique la resolución impugnada y que acuse la infracción de normas concretas, debidamente individualizadas, con fundamentos que expliquen en qué consiste. Este elemento cobra sustancial importancia para la decisión de fondo, porque la ley no permite al tribunal de casación pronunciarse más allá de lo que se le pide: debe hacerlo “sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos” (Ley N° 025, art. 17.II). Por su parte, el art. 220 de la Ley N° 439 prevé cuatro formas de resolución: declarar el recurso improcedente, cuando no supera la admisibilidad; infundado, cuando no encuentra violada la ley acusada; anular obrados con o sin reposición, en los supuestos que la ley prevé; o casar la resolución, fallando en el fondo con aplicación de las normas acusadas como infringidas.

En tal rumbo, mal podría el tribunal casar un auto de vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal alguna, porque se pronunciaría sobre aspectos que nadie le sometió y casaría de oficio, lo que resulta ajeno a sus competencias. Cosa distinta es la revisión de oficio de las actuaciones procesales, que la ley admite con carácter excepcional, pues “la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley” (Ley N° 025, art. 17.I).

Lo anterior demuestra que la exigencia de técnica recursiva no es un formalismo gratuito: el legislador cuida que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del órgano y que este no incurra en arbitrariedad. Ello no autoriza, sin embargo, el exceso contrario. La jurisprudencia constitucional ha exigido al tribunal de casación, en aplicación de los principios pro homine y pro actione, así como de los derechos a la impugnación, al acceso a la justicia y a la defensa, evitar criterios ritualistas o restrictivos que impidan o limiten la solución de fondo de los reclamos formulados al analizar la carga argumentativa del recurso.

En ese sentido, es en la redacción del recurso donde se gana o se pierde buena parte de la casación, pero no debería perderse por un rigorismo que la ley no impone.

5. Casación en el fondo

A manera de preámbulo, conviene tener presente que el derecho se aplica sobre los hechos. El juez, luego de reconstruir los hechos alegados por las partes, arriba a una conclusión fáctica, sobre la cual aplica la norma cuyo supuesto de hecho se corresponde con ella. En ese razonamiento la norma es la premisa mayor; los hechos probados, la premisa menor; y la decisión, la conclusión que resulta de subsumir estos en aquella. Con esa idea resulta más sencilla la comprensión de los motivos casacionales, que no son sino formas de violación de la ley.

5.1. Error de hecho y error de derecho en la apreciación de la prueba

El error de hecho en la apreciación de la prueba supone una operación racional fallida respecto del contenido de la prueba; dicho de otro modo, de lo que la prueba en particular informa. El error de derecho, en cambio, supone el desconocimiento del valor que la ley asigna a la prueba como tal al momento de valorarla. El Tribunal de casación lo explicó así:

“…el primero [error de derecho] en tanto el juzgador le haya restado el valor que la Ley le otorga a determinada prueba y el segundo [error de hecho], en tanto se haya extraído de esas pruebas una significación distinta a las que ellas, en el marco de la lógica y la experiencia, informan. […] la consecuencia lógica ante una errónea conclusión fáctica es la errónea aplicación del derecho, por cuanto se ingresaría a aplicar un dispositivo legal a hechos no coincidentes con el presupuesto (premisa menor) de la norma, lo que en definitiva importa su vulneración por indebida aplicación.” (Auto Supremo N° 306, Sala Social I, de 24 de octubre de 2005).

Asimismo, la doctrina distingue entre requisitos intrínsecos de la prueba (la conducencia del medio, la pertinencia del hecho a probar y la utilidad del medio) y requisitos extrínsecos (la oportunidad de su presentación y las formalidades procesales).

La pertinencia, la oportunidad y las formalidades pueden juzgarse antes de la decisión de fondo: si la prueba es manifiestamente impertinente o se presentó de forma extemporánea, el juez puede impedir su ingreso al plexo probatorio. Los demás aspectos deben considerarse al formar convicción sobre los hechos.

Conviene advertir que, cuando el vicio se produce en la admisión o el rechazo de la prueba, su cauce natural es la casación en la forma, por afectar el procedimiento, y no la casación en el fondo por error de valoración. En cualquiera de estos supuestos, el juicio viciado suele derivar en una conclusión fáctica errónea y, por ende, en una errónea aplicación del derecho.

Debemos convenir en que, cuando se acusa error de hecho o de derecho en la valoración probatoria, el juicio del tribunal de casación no es un juicio de puro derecho stricto sensu. La valoración de la prueba sigue siendo, por regla, atribución de las instancias; pero cuando el recurrente acusa y demuestra el error respecto de una prueba concreta, el tribunal de casación debe examinar esa prueba y reconstruir, en esa medida, la conclusión fáctica, a fin de que sirva de baremo para medir el juicio del ad quem. Esta es una razón más para descartar la idea de la casación como “demanda nueva de puro derecho”, sin convertirla por ello en una tercera instancia.

5.2. Violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley

Aquí el vicio no recae sobre la reconstrucción de los hechos, sino sobre la norma o sobre su aplicación a los hechos. Por regla, partiendo de una conclusión fáctica correcta, el juzgador puede errar en el derecho de tres maneras:

• Violación (o falta de aplicación): el juzgador desconoce la existencia o vigencia de la norma que correspondía aplicar y deja de aplicarla.
• Interpretación errónea: aplica la norma correcta, pero le atribuye un sentido o alcance que no tiene.
• Aplicación indebida: entendida rectamente la norma, la aplica a una facticidad que no se corresponde con su supuesto de hecho.

En los dos primeros casos el vicio está en la premisa mayor, sea en la selección o en la interpretación de la norma; en la aplicación indebida, en la subsunción de los hechos en la norma, que puede provenir también, como explica el auto supremo antes citado, de un error en la premisa menor. Por ello el recurrente debe precisar cuál de estas modalidades acusa respecto de cada norma, pues son conceptualmente distintas y su invocación indiferenciada debilita el recurso.

6. Casación en la forma o nulidad

El Código Procesal del Trabajo denomina también “recurso de nulidad” (art. 210) al recurso extraordinario contra el auto de vista, comprensivo tanto del fondo como de la forma; su contenido se integra hoy con las disposiciones del Código Procesal Civil sobre el recurso de casación. En este apartado nos ocupamos de su vertiente formal.

Conforme a la ley y a la doctrina, la nulidad es una medida de ultima ratio, cuya aplicación exige, entre otros, la concurrencia de los principios de especificidad y trascendencia, recogidos en el art. 105 de la Ley N° 439, y la exigencia de reclamo oportuno, expresión del principio de convalidación, prevista con carácter general en el art. 17.III de la Ley N° 025 y, para la casación, en el art. 271.II de la Ley N° 439, que en materia procesal se refiere a “la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores”. En el marco del recurso de casación en la forma, el tribunal, si existe mérito, anulará obrados con o sin reposición en los supuestos que prevé el art. 220.III de la Ley N° 439.

En términos generales, habrá lugar a la nulidad cuando se haya vulnerado el derecho de las partes al debido proceso, fundamentalmente en sus vertientes de acceso a la justicia y de defensa, siempre ligado al principio de trascendencia: el vicio in procedendo debe tener efecto directo en el resultado, de tal magnitud que, de no haberse incurrido en él, la decisión habría sido distinta. La nulidad no es, pues, la búsqueda de la perfección procesal, sino la garantía de que el juicio se emita con resguardo del debido proceso. La nulidad por la nulidad no beneficia ni a las partes ni a los fines del órgano.

7. Conclusión

La apelación y la casación responden a lógicas distintas, pero a un mismo propósito. La apelación es un nuevo examen del derecho controvertido, pleno dentro del perímetro de los agravios; no admite exigencias formales propias del recurso extraordinario ni justifica nulidades que el tribunal de alzada puede evitar resolviendo. La casación, desde el punto de vista del ius litigatoris, se orienta a la función dikelógica: decir el derecho en el caso concreto; y, como instituto, desde el punto de vista del ius constitutionis, a uniformar la jurisprudencia, ejercer el control jerárquico y defender la ley. Todo ello, siempre que medie recurso, con la sola salvedad de la revisión excepcional de las actuaciones procesales que la ley autoriza.

Quien litiga en esta materia advertirá que la eficacia del recurso depende, en buena medida, de comprender esa diferencia: argumentar agravios y hechos en la apelación, y técnica normativa precisa en la casación. Comprendida así la impugnación, deja de ser un trámite dilatorio para convertirse en lo que el constituyente quiso que fuera: una garantía real de justicia.

Anexo práctico

Plazos y requisitos de los recursos en materia laboral

El Código Procesal del Trabajo contiene reglas propias que prevalecen sobre las del Código Procesal Civil, el cual solo se aplica de forma supletoria y excepcional en lo no previsto (art. 252 CPT).

El depósito judicial que también exigía el art. 210 del Código Procesal del Trabajo ya no es exigible, en armonía con el principio de gratuidad que rige la administración de justicia y, en particular, los juicios y trámites del trabajo (CPE, art. 178.I; CPT, art. 3); de tal suerte que su falta no da lugar al rechazo previsto en el art. 211, que hoy solo opera por la presentación extemporánea del recurso.

Errores que cuestan el recurso

• Convertir la casación en una tercera instancia: repetir la apelación sin identificar normas infringidas ni explicar en qué consiste la infracción.
• Remitirse a memoriales anteriores para suplir la fundamentación, lo que el art. 274.I num. 3 de la Ley N° 439 prohíbe expresamente.
• Pedir nulidad sin demostrar la trascendencia del vicio ni haberlo reclamado oportunamente en las instancias.
• En apelación, dejar de lado puntos que se pretende discutir luego: lo no apelado se entiende consentido y no podrá ser revisado, salvo las nulidades revisables de oficio.
• Computar el plazo de casación con la regla civil de diez días (Ley N° 439, art. 273), en lugar de los ocho días del art. 210 del Código Procesal del Trabajo.

Normativa y jurisprudencia citada

• Constitución Política del Estado: arts. 48.II, 178.I y 180.II.
• Ley N° 025, del Órgano Judicial: arts. 17.I, II y III; 30.14; y 42.I num. 3.
• Código Procesal del Trabajo: arts. 3, 59, 202 inc. c), 205, 206, 208, 209, 210, 211 y 252.
• Código Procesal Civil, Ley N° 439: arts. 105, 106.I, 220, 265.I, II y III, 271.I y II, 273 y 274.I.
• Corte Suprema de Justicia, Sala Social I: Auto Supremo N° 306, de 24 de octubre de 2005; Auto Supremo N° 344, de 15 de noviembre de 2005.
• Calamandrei, Piero. La casación civil.
• De la Rúa, Fernando. El recurso de casación en el derecho positivo argentino (según la cita del Auto Supremo N° 344/2005).
• Habermas, Jürgen. Facticidad y validez.

Este artículo tiene fines informativos y académicos y no constituye asesoramiento legal para un caso concreto. Las normas citadas corresponden a la legislación vigente a la fecha de publicación; cada situación debe ser analizada de forma particular.